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¿Una nueva era para la justicia penal en el estado de Tlaxcala?
Blanca Águila Lima y Juan Manuel Cabrón Soria describen la acción como una “imposición cometida a los intereses del Ejecutivo y no al de la sociedad”
Por: Roberto A. Montealegre / @Robe_ A_ Mtg
Por medio de las garantías que pringan de facultades al Congreso del Estado de Tlaxcala a través de sus representantes, se aprobó una serie de adiciones y reformas a la Carta magna local que permitirá comenzar con la operatividad, función y transición de la casi extinta Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (PGJE) a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE).
Con 22 votos, a una semana de haber sido presentado el proyecto de iniciativa y bajo la ponencia del diputado Priista Fabricio Mena Rodríguez, el congreso aprobó sin mayor resalte la extinción de vida jurídica y administrativa de la PGJE, esto a llevarse a cabo a partir del último día del mes de julio y comenzar inmediatamente con operaciones bajo la nueva nomenclatura y sus funciones el 1º de agosto.
DE LOS VOTOS PARTICULARES DE LA INCIATIVA
Los legisladores locales Blanca Águila Lima del PRI Y Juan Manuel Cambrón Soria del PRD, mostraron sus inconformidades con el proyecto erguido por mayoría, en específico contra la forma de elegir a la persona titular de la nueva fiscalía, pues ellos, llamaron “imposición cometida a los intereses del Ejecutivo y no al de la sociedad” a dicho protocolo.
Por su parte, Cambrón Soria, manifestó la necesidad de estudiar y asegurar que el cargo, se erija a través de un proceso público y con examen de oposición, pues consideró que “hacerlo por medio de una terna del Ejecutivo, sería solo maquillar el proceso”, sin embargo, su perorata fue rechazada por el parlamento.
Entre las curules se escucha que, la necesidad de imponer por medio de la mandataria estatal, Lorena Cuellar, a un Fiscal, es solo la excusa para dar continuidad a la actual procuradora Ernestina Carro Roldán y de esta forma, asegurar el control de las instancias legales.
Uno de los primeros partidarios a favor de la propuesta fue el morenista Rubén Terán Aguilar, quien aseguró que la elección sería reglamentaria en favor de la autonomía y la construcción jurídica. “El ejecutivo propone y el legislativo dispone”, dijo.
Por otro lado, en el ámbito de las meritocracias profesionales, Juan Carlos Vázquez Vázquez presidente del Comité Directivo de la Barra Mexicana de Abogados, capítulo Tlaxcala, calificó como “correcta la decisión” de la aprobación a la reforma para crear la FGJE, sin embargo, tildó como imposible el tomar en cuenta a la actual procuradora como candidata de la nueva titularidad, pues de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Estatal, el rango actual de Carro Roldán es solo “Secretaria”, por lo que su propia denominación en el organigrama le impide participar en la selección.
DE LOS BENEFICIOS DEL CAMBIO A FISCALÍA
Los beneficios de la actualización y cambio, se dan en virtud de que la procuraduría solo es un órgano preventivo, y la fiscalía conlleva a especializar sus áreas, por lo cual, se estaría asegurando una atención eficaz, inmediata y de pronto acceso a la justicia.
El dictamen establece que las funciones de procuración de justicia estará a cargo de la Fiscalía General de Justicia del estado, que será una instancia con la naturaleza de un órgano autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica, presupuestal y de gestión.
Dicha instancia realizará una procuración de justicia eficaz, efectiva y apegada a derecho; solicitará las medidas cautelares y ejercitará las acciones que correspondan contra los imputados; obtendrá y presentará las pruebas que acrediten la participación de estos en los hechos que las leyes señalen como delitos; hará efectivos los derechos concedidos al Estado e intervendrá en los juicios que afecten a las personas a quienes se debe otorgar especial atención conforme a la ley, entre otros.
Algunos expertos y estudiosos señalan que la transición del órgano impartidor de justicia, esta siendo viciado por el paso de las elecciones concurrentes que se vivirán en Tlaxcala y el resto del país, pues argumentan que una modificación y reestructuración tan complicada, no se puede dar en un termino tan corto y con tantas distracciones que obliguen a los titulares a mantenerse al frente del barco en medio de la la batalla.
Por otro lado, si bien se está asegurando que los arranques de funciones se hagan de forma inmediata, los diputados aseguraron que los derechos laborales del personal que está en el actual ente procurador, serán conservados y protegidos, no sin antes recalcar que cualquier elemento activo en la procuración de justicia debe ser debidamente seleccionado
El puesto del nuevo fiscal será elegido a más tardar el último día de julio del 2024 y tendrá una duración de 7 años, además, no podrá ser asignado para un nuevo periodo de forma inmediata, lo cual, dejaría a la mandataría Lorena Cuellar a mitad del cargo del quién represente la impartición de justicia penal en Tlaxcala.
Sin embargo, en caso de faltas graves establecidas en la ley, los mismos congresistas con dos terceras partes de su integración podrán remover de forma permanente al encargado de la fiscalía general y a los titulares de las fiscalías especializadas.
DE LA NECESIDAD DE DESARROLLAR POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA
El legislativo, por medio del análisis y a través de la inserción de clausulas, determino que es obligación del nuevo fiscal electo, presentar cada año un proyecto de “Políticas Criminales”, el cual, será entregado el primer día del segundo periodo oficial de sesiones.
Dicho documento, determinará diagnósticos de criminalidad y acciones para combatirlo, además, contendrá criterios sobre delitos que se atiendan de manera prioritaria y metas de desempeño, esto, asentado debidamente en la constitución de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, la cual, tendrá que culminarse para su entrega, aprobación e inicio de funcionamiento a más tardar el 30 de junio de 2024.
Al ser un órgano que goce de autonomía procedimental, algunas de las funciones deberán apegarse al termino de la extinción, pues se considerarán consumadas o concluidas al momento de la transición, tal es el caso de las carpetas de investigación y las averiguaciones previas que abarrotan aún, las arcas de la procuraduría.
