Por presuntamente violar sus derechos y de paso, por la presunta inconstitucionalidad de la reforma a la Constitución Política local que modificaron los requisitos de elegibilidad para ocupar el cargo de Auditor Superior del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), Severo Nava Acoltzi, promovió un juicio de amparo en contra del Congreso local y de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.
A través del juicio 1534/2023-J, el aspirante a suceder en el cargo a Isabel Maldonado Textle impugnó la reforma realizada al artículo 106, fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el 19 de septiembre del año 2023.
Además, se inconformó por la presunta inconstitucionalidad de la fracción II del artículo 106 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, así como la aplicación de esa reforma en la emisión de la convocatoria que reguló el procedimiento de selección y designación del titular del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del estado de Tlaxcala.
El ex funcionario del Poder Legislativo, quien en la pasada legislatura se desempeñó como secretario técnico en el Congreso local, también promovió el amparo en contra de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros por la sanción, promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, de la reforma constitucional ya referida.
Mientras que en el caso de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado de Tlaxcala, su recurso legal fue por la aprobación de la convocatoria que reguló el procedimiento de selección y designación del titular del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, y “la omisión de fundar y motivar el acuerdo por el cual el quejoso fue descalificado del proceso de elección del nuevo Auditor Superior del OFS.
Severo Nava Acoltzi fue una de las 40 personas que se registraron al proceso para ocupar la titularidad del OFS, en sustitución de María Isabel Delfina Maldonado Textle, quien el pasado 1 de noviembre concluyó el periodo de su mandato constitucional de siete años y ya fue sustituida por Arturo Lucio Salas Miguela.
Sin embargo, el ahora inconforme fue uno de los 17 que quedaron fuera del proceso por presuntamente incumplir con uno o algunos de los requisitos para ocupar la titularidad del OFS, ya sea por no haber presentado documentación completa o no acreditaron los cinco años de experiencia en materia de fiscalización; sin embargo, denunció que no hubo ni motivación ni fundamentación en su descarte.
La audiencia constitucional para determinar la procedencia o no del amparo se realizará hasta el próximo 1 de diciembre, en la que, tanto el quejoso como diputados y el Ejecutivo estatal, deberán presentar las pruebas a fin de que la justicia federal determine lo conducente.
