- El gremio comunicacional también reprobó el atentado contra Ana Laura Vázquez
“Están privatizando el derecho a la información pública y a la libre expresión”
Grayson César Balladares / @graysonbrojas
En dura tela de juicio se encuentra en este momento el actuar de los subordinados del gobierno estatal, pues la periodista Ana Laura Vázquez denunció en sus redes sociales ser presa de la discriminación institucional y, además, sufrir de forma desmedida de violencia física durante la cobertura de un evento en la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
“Nunca en todas las administraciones públicas del gobierno de Tlaxcala, yo, como periodista, había vivido tanta violencia y discriminación institucional como en la actual administración, por cierto, encabezada por una mujer”, dijo la agraviada.
Al respecto, surgieron diversos pronunciamientos de apoyo a su causa, que han inmiscuido a diversas personalidades del estado y que conminan a la moderadora de la administración estatal, Lorena Cuéllar Cisneros, a realizar lo necesario para esclarecer los hechos y pronunciarse respecto de los mismos.
Algunas de las personas que han emitido comunicado desde sus instancias son la diputada local, Blanca Águila Lima; la titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado de Tlaxcala (CEDH), la ombusdperson Jakqueline Ordoñez Brasdefer, la Confederación de Periodistas y Reporteros de México AC-COPREMAC, por medio de su presidente Virgilio Osorio Nava, entre otros.
DE LOS HECHOS DENUNCIADOS
La periodista independiente, Ana Laura Vázquez, denunció en redes sociales el atropello del cual fue víctima, durante un evento “público” en la Secretaría de Seguridad del Estado de Tlaxcala cuando al intentar recabar material fotográfico e información para su redacción fue desalojada con exceso de poder y prepotencia por personal de la propia dependencia.
Durante su declaración pública, hizo mención de que el simple acto de suprimir su estadía en el recinto, viola sus derechos humanos, coarta el derecho a la libre expresión y privatiza al mundo el derecho a la información.
Además, relata que, en el suceder de la brutal actuación de seguridad, fue grabada y fotografiada, conculcando su derecho a la privacidad dentro de una institución pública.
DEL PRONUNCIAMIENTO DE BLANCA ÁGUILA LIMA
La legisladora local, BAL, desaprobó enérgicamente desde la tribuna el actuar de la dependencia que vela por la seguridad estatal, más aún, criticó fuertemente que el propio gobierno estatal encabezado por una mujer, no haya realizado pronunciamiento de apoyo en favor de la parte dolosa, quien hasta el momento aún no ha recibido ningún tipo de acompañamiento y seguimiento al terrible acto de vulnerabilidad en sus garantías individuales y sociales.
“Es imperante que, se realicen acciones que permitan proteger al gremio periodístico, como funcionarios estamos expuestos a tener críticas, sin embargo, no es correcto mandar a callar por vía de la fuerza a todos aquellos que sólo realizan su trabajo”, dijo la diputada.
DEL PRONUNCIAMIENTO DE JAKQUELINE ORDOÑEZ BRASDEFER
Por otro lado, la comisionada estatal de la CEDH, Job, se pronunció a favor de que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos de las agresiones denunciadas por la periodista independiente.
Informó que se ha radicado una queja de oficio para que a través de la Visitaduría General se inicie con el protocolo oportuno.
Además, exhortó a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (PGJE) y a la Oficina para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas en el Estado de Tlaxcala a emitir medidas de protección en favor de garantizar la integridad física de la periodista y sus familiares.
Por último, Ordoñez Brasdefer fue tajante, al pedir a la Coordinación de Información del Gobierno estatal, a atender la denuncia vertida por la dolosa y procurar en todo momento, evitar trasgredir su derecho constitucional a la libertad de expresión y acceso a la información pública. Es importante precisar, que, respecto del tema suscitado, el jefe central de la dependencia de seguridad, Alberto Martín Perea Marrufo, no ha dado declaración sobre la supuesta orden de desalojo en contra de la informadora.
En homóloga posición, el titular de la oficina para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en el estado de Tlaxcala, Víctor Manuel Ávila García, tampoco ha rendido postura alguna sobre lo acontecido, cosa que deja ver la ineficacia del propio despacho.
Algunas instancias civiles han lamentado de forma pública el acontecimiento que describieron como “artero y cobarde”, y se suman al grupo de promoventes que exigen a los poderes en el estado, se creen compromisos, haya diálogo y se respete el derecho de expresión.
