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Exigen OSC a próximas autoridades atender los problemas de trata y contaminación del río

Con la exigencia del cumplimiento de obligaciones y a tratados internacionales, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) entregarán a candidatas y candidatos a cargos de elección popular en este proceso comicial, la “Agenda Ciudadana ante la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y ante la devastación socioambiental en la Cuenca del Alto Atoyac”.

En rueda de prensa, integrantes del Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, A.C., de la Pastoral Social y la Pastoral de Derechos Humanos de la Diócesis de Tlaxcala; de la Coordinadora por un Atoyac con Vida, y de las Organizaciones de la Iniciativa Popular, presentaron este documento.

Puntualizaron que durante casi dos décadas han denunciado “graves violaciones” a derechos humanos, pero también, han construido desde las comunidades, formas de incidencia y prevención y propuestas en términos de políticas públicas, “sin embargo, las problemáticas siguen ahí, incrementándose, sin que las autoridades actúen de manera contundente al respecto”.

Confiaron en que esta Agenda Ciudadana “será asumida por las y los candidatos en todos sus niveles, y, en primera instancia, por quienes desean llegar a la gubernatura”, pero con la petición de una participación de las comunidades. Acentuaron que los puntos que la componen son medibles y cuantificables, con viabilidad técnica y científica.

Respecto de la cuenca Atoyac-Zahuapan exponen siete planteamientos para que sean atendidos por el próximo gobierno estatal, entre los cuales destaca, el saneamiento integral, cese de la simulación y la reparación del daño a las comunidades como documento base de cualquier Plan Estatal de Desarrollo.

Asimismo, proponen una partida presupuestal etiquetada exclusivamente a estas acciones, un programa sectorial, vigilar el cumplimiento de los planes y políticas para el desarrollo y que se deje de ofrecer incentivos fiscales a industrias; además, cambiar el patrón de urbanización e industrialización, con enfoque de cuenca y de salud pública; atender emergencias del desarrollo urbano y supervisar riesgos para la población.

Mientras tanto, que los ayuntamientos se encarguen de actualizar el inventario de usuarios de agua potable y descarga de agua residual, e impidan que se otorguen permisos de descarga al drenaje municipal que no sean de origen doméstico; ello de manera conjunta con las autoridades correspondientes.

Al tiempo, que aumenten el cobro de impuesto predial a grandes industrias, “con base en sus ingresos brutos y su aportación a la contaminación en el municipio y que en coordinación con el gobierno del estado, utilicen estos recursos fiscales para el programa sectorial de saneamiento integral, entre otras sugerencias”.

La Agenda también incluye demandas puntuales para diputadas y diputados locales y federales, para que expidan leyes que prohíban la descarga de sustancias tóxicas contaminantes o de impacto climático al entorno, con la aplicación “de los estándares internacionales más estrictos”.

Las OSC requieren normatividades que sancionen a municipios “o a grandes establecimientos industriales, comerciales o de servicios”, responsables de la contaminación del agua, el aire o el suelo; y que se garanticen recursos para acciones de saneamiento integral de la cuenca, entre otras cosas.

En materia de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, las organizaciones exigen que el Poder Ejecutivo implemente el Programa Estatal correspondiente y desarrolle uno para informar y sensibilizar al sector educativo en todos los niveles, “priorizando las zonas más afectadas por este delito”.

Otras estrategias expuestas son el diseño e implementación permanentemente de programas de formación, actualización, capacitación y profesionalización, dirigidos a servidores públicos del gobierno estatal y de los municipios, que participen la prevención, atención y sanción a casos de trata.

Apoyar la creación de refugios o modelos de protección y asistencia de emergencia y que, en coordinación con el Poder Judicial, garantice el acceso a la justicia y reparación del daño a víctimas, ofendidos o testigos de este delito.

A los ayuntamientos les solicitan instrumentar políticas y acciones para prevenir y erradicar la trata de personas en su territorio y hacer los propio durante los trámites para autorización del funcionamiento de establecimientos: “bares, clubes nocturnos, lugares de espectáculos, recintos feriales o deportivos, salones de masajes, hoteles, moteles, baños, vapores, loncherías, restaurantes, vía pública, café internet y otros”, así como a través de la inspección de estos negocios donde puede promoverse o ejecutarse el delito.

La presentación estuvo a cargo de Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro Fray Julián Garcés; de Marco Antonio Padilla Aguilar, coordinador de la Pastoral Social de la Diócesis de Tlaxcala; de Roberto Muñoz, representante de las Organizaciones de la Iniciativa Popular contra la trata de mujeres y niñas, y de Alejandra Ramírez, Laura Méndez y Mayra Peña, de la Coordinadora por un Atoyac con Vida. Anotaron que este jueves inicia la entrega de la Agenda Ciudadana a dos candidatas al gobierno.

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